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Del Blog gestaltsu
30/ENE/07
INSTITUTO PARLA II, ahora Manuel Elkin Patarroyo

En Parla, donde me crié, a un profesor le han abierto un serio expediente y puede que hasta le penalicen con tres años sin empleo y sueldo por un asunto "sin importancia" pero importantísimo que alguien defendiera: considerar inapropiado que sus alumnos recibieran clases el segundo día sin calefacción en las aulas en una jornada especialmente fría.

Es Angel Varas, uno de esos profesores que tras 15 años una sigue aún recordando y admrando por su calidad y responsabilidad pedagógica, implicado en el proceso de enseñar y fomentar en los alumnos un pensamiento libre y autónomo tanto en materia académica como en el ámbito humano y social.

Aquí su narración de los echos:

PARLA II Y EL PROFESOR ANGEL DE HISTORIA. Si bien la situación conflictiva actual arranca de los acontecimientos ocurridos en el Centro el día 23 de enero de 2007 provocados por la carencia de calefacción por segunda día consecutivo (tras un fin de semana especialmente frío), el marco en el que se desarrolla es más antiguo: desde los inicios del presente Curso (que coinciden con la reagrupación de enseñanzas en el edificio principal y con la entrada en funcionamiento de una nueva Junta Directiva presidida por la anterior Secretaria, Dª Rosario Arana) se han multiplicado los problemas derivados de una gestión muy deficiente.

El día 22 de enero, lunes, el Centro permaneció sin calefacción durante toda la jornada lectiva: en las aulas tanto los alumnos como los profesores tuvimos que utilizar todas las prendas de abrigo a nuestra disposición. A lo largo de la mañana, grupos de estudiantes, ante la carencia de información, amenazaron con abandonarlo ya que las condiciones ambientales resultaban francamente inaceptables. Los docentes, carentes también de información, conseguimos calmar sus ánimos. Posteriormente conocimos que todo se debía al agotamiento del combustible sin que se hubieran tomado medidas para su reposición.

El día 23 de enero, martes, los profesores que impartimos clase a primera hora de la mañana (8:30 h.) acudimos al Centro con bastante antelación: observamos con preocupación que la calefacción seguía sin funcionar. A las 8:20 h. se presentó un miembro de la Junta Directiva (la Sra. Jefa de Estudios, Dª Margarita Barrero) a la que nos dirigimos (éramos en ese momento aproximadamente 20 compañeros) para solicitarle la adopción de alguna medida ante lo extraordinario de la situación. Se negó hasta la llegada de la Sra. Directora (se presentó a las 8:40 h.), si bien reconoció en público que no se daban las condiciones para impartir clase. Muchos alumnos, al comprobar la carencia de calefacción, abandonaron el Centro y volvieron a sus domicilios.

A las 8:40 h., los dos únicos miembros de la Junta Directiva presentes en el Centro, tras reconocer al unísono que no se daban las condiciones para impartir clase, exigieron a los profesores que iniciaran su jornada con normalidad. Algunos de los presentes (muchos más de los siete finalmente implicados) les pedimos reflexión (les comunicábamos que no podíamos, ni queríamos, mantener a los alumnos en las aulas en esas condiciones) y la adopción de alguna medida dado lo excepcional de la situación. No obtuvimos respuesta. A partir de entonces muchos docentes optamos por informar a nuestros alumnos acerca de la situación creada en el Centro. A las 8:50 h. me dirigí a mi grupo (3º A- E.S.O.) para cumplir este trámite. Se trata de un grupo compuesto por 10 alumnos/as: en aquel momento sólo estaba en clase una de sus componentes. Los restantes o no habían acudido al Centro o habían optado por abandonarlo sin previo aviso y sin que en ningún momento yo tuviera contacto con ellos.
Intenté, como miembro del Consejo Escolar, ponerme en contacto con el Inspector, D. José María Rodríguez, para informarle de la situación: me resultó imposible al no encontrarse en su despacho si bien dejé aviso a su Secretaria. Otro grupo de profesores comunicó la situación mediante un fax (no participé en la redacción de tal correo aunque suscribo su redacción).

Los docentes mantuvimos nuestra jornada de trabajo completa: incluso permaneciendo en el Centro por exceso con el fin de colaborar ante la situación creada. A las 15:10 h. la calefacción seguía sin funcionar. A partir de las 9:20 h. los alumnos habían abandonado masivamente el Instituto.

El día 24 de enero se reinició la actividad con plena normalidad.
El día 30 de enero, 37 profesores (muchos más del tercio exigido por la Ley) solicitamos la convocatoria de un Claustro Extraordinario para intentar reconducir la gestión del Instituto y ofrecer una serie de sugerencias a la Junta Directiva. Ésta, a través de maniobras dilatorias, demoró su celebración hasta el día 19 de febrero.
El día 7 de febrero, sin aviso previo, el Sr. Inspector comenzó una serie de interrogatorios dirigidos exclusivamente a siete profesores (aunque la situación del día 23 afectó a muchos más). En tales interrogatorios se observaron preocupantes defectos de forma: en ningún caso los interrogados fuimos informados sobre el fin que se perseguía pero, sobre todo, observamos que las actas que pretendían dar fe de lo manifestado durante los mismos no respondían en absoluto a lo manifestado: desaparecían párrafos completos, se reducían otros, etc. Ante una situación tan preocupante nos negamos a firmar las mencionadas actas si bien el Sr. Inspector bloqueó cualquier posibilidad de que constaran por escrito nuestras razones para tal negativa. Utilizó como testigos a dos miembros de la Junta Directiva, la Sra. Directora y una de las Jefes de Estudios, Dª Margarita Baranda. En presencia del Sr. Inspector, la Sra. Directora me coaccionó abiertamente para que firmara mi declaración (mantuve mi negativa): se lo hice constar al Sr. Inspector pero no tomó medida alguna. Dª Margarita Baranda le suplicó al Sr. Inspector que no le hiciera participar en tal trámite pero ante la rotundidad de D. José María Rodríguez acabó firmando como testigo.

La actuación del Sr. Inspector se basó en un informe remitido por la Directora del Centro con fecha 30 de enero de 2007. En tal informe que, extractado por la Administración (su copia completa nos ha sido vetada, aunque tenemos noticia de ella a partir de los datos revelados por la Junta de Personal Docente y por la lectura de la misma efectuada por un compañero del Claustro, D. Juan Fernández), ha sido remitido a una de las implicadas, Dª Encina Alonso, se reducía lo sucedido al comportamiento de siete profesores y especialmente al mío, supuesto responsable último de todo lo ocurrido. El Sr. Inspector siguió hasta tal punto las directrices del informe que se negó a interrogar a otros compañeros que ante él se “autoinculparon” reconociendo que tampoco habían impartido clase tal día a tal hora. En todos los casos, D. José María Rodríguez, comprobó si su nombre figuraba en la lista remitida desde el Centro: si no figuraba no manifestaba interés alguno por proceder a la entrevista. También se negó a realizar entrevistas a los compañeros de guardia que ofrecieron su colaboración para aclarar lo ocurrido. Profesores interinos han sufrido posteriormente coacciones por parte de la Dirección del Centro por manifestar que ellos hicieron exactamente lo mismo que los siete inculpados. Una de estas profesoras (Dª Gloria Dulce) ha tenido el valor de denunciar la persecución de la que está siendo objeto en sesión de Claustro. Para intentar frenar represalias contra ella he comunicado el caso a la Junta de Personal Docente.

El día 9 de febrero la Sra. Directora inició un trámite irregular de deducción de haberes (por falta injustificada a puesto de trabajo) contra los siete profesores interrogados. Nuevamente nos negamos a firmar las comunicaciones ya que la tramitación no se ajustaba en absoluto a lo legislado al respecto. En el desarrollo del trámite, la Sra. Directora telefoneó a la profesora Dª Fredesvinta Limón (una de las implicadas) a su domicilio ya que se encontraba de baja médica por embarazo de alto riesgo y crisis agudas de hipertensión (conocidas por la comunicante). La profesora reveló inmediatamente al conjunto de sus compañeros lo incomprensible de la llamada y les envió un correo electrónico en que hacía responsable a la Directora del Centro del posible deterioro de su salud.
De todos estos acontecimientos dimos cuenta inmediatamente a nuestra Junta de Personal Docente (compuesta por los representantes sindicales de la zona Sur de Madrid) que actuó con celeridad poniendo los hechos en conocimiento del Director del Área Territorial, D. Alberto González Delgado, quien en todo momento ha mantenido un apoyo total a lo actuado por parte de la Sra. Directora, Dª Rosario Arana.
Los siete profesores interrogados enviamos tanto al Sr. Inspector, D. José María Rodríguez, como a su superior jerárquico, D. Avelino Sarasúa, como al propio Director del Área Territorial, en el plazo de diez días, las alegaciones solicitadas en fase informativa por el mencionado Inspector, en ellas razonábamos nuestra negativa a firmar las actas de los interrogatorios y exponíamos pormenorizadamente los hechos ocurridos el día 23 de enero.

La Junta de Personal Docente, cuyo Presidente se ha personado en el Centro repetidas veces, nos ha ido transmitiendo con preocupación las decisiones de la Administración que finalmente han desembocado en la comunicación de cuatro amonestaciones a profesores por falta leve (de los siete implicados, Dª Fredesvinta Limón ha sido excluida en atención a su estado de salud y otra compañera permanece sin información hasta el momento), una más a la Secretaria del Centro (Dª Marta Lobeto) por negligencia en la adquisición de combustible y el anuncio de la apertura de expediente disciplinario por falta grave (desobediencia) en mi caso. Las amonestaciones ya han sido cursadas y el expediente ya tiene instructor.
Dada la gravedad de la situación, la Junta de Personal Docente, con el consentimiento de los profesores, ha intentado gestiones de mediación bloqueadas siempre por la Directora del Centro con el aval de la Administración, que transmite (a través de conversaciones con la Junta de Personal Docente) incluso la posibilidad de elevar las sanciones.

El día 19 de febrero se celebró Claustro Extraordinario en que se sometió a votación la gestión del Instituto: a pesar de los intentos de bloqueo de la Dirección, el Claustro desaprobó tal gestión (ya no el resultado de la votación sino incluso su realización, reconocidos por la Directora en sesión de Consejo Escolar, han sido suprimidos por la Junta Directiva de las actas del mencionado Claustro, tal y como pudimos comprobar en la sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo: el hecho ha sido denunciado ante la Dirección del Área Territorial).
Con fecha 14 de febrero, 50 profesores enviaron a la Dirección del Área Territorial un escrito avalando la actuación de los compañeros acusados y narrando pormenorizadamente lo ocurrido en el Centro el día 23 de enero: tal escrito ha sido ignorado por el Director del Área Territorial.

El Consejo Escolar del Centro, en sesión celebrada el día 15 de marzo, fue informado exhaustivamente sobre los acontecimientos anteriores: la alarma entre los representantes de las familias (que han ofrecido todo su apoyo), de los alumnos (desde el primer momento el conjunto del profesorado quiso mantener al alumnado al margen de la situación aun conociendo su inquietud con el fin de no alterar el normal funcionamiento del Centro) y del Ayuntamiento fue enorme. El concejal presente en el mismo, D. José Calvo (PSOE), pidió la celebración de una sesión extraordinaria para exigir el sobreseimiento en todos los casos. Tal sesión, solicitada por cauce reglamentario (a través de registro) el día 23 de marzo para su celebración el día 28 de marzo, ha sido impedida por la señora Directora aludiendo a un incomprensible desconocimiento de la misma. Los miembros del Consejo Escolar hemos dado cuenta a la Dirección del Área Territorial de tan extraño comportamiento. Al mismo tiempo hemos comunicado la manipulación de actas de Claustro observada en la sesión ordinaria del mismo ocurrida el mismo día 28 de marzo.
Los profesores del Centro hemos comunicado asimismo a la Dirección de Área Territorial y especialmente a su Secretario General, D. Carlos Orbis, la censura previa de documentos impuesta por la Sra. Directora para alterar el funcionamiento del registro del mismo: ha dado órdenes para que no se acepten escritos que no cuenten previamente con su autorización.

A través del Presidente de la Junta de Personal Docente se me han hecho llegar consideraciones muy preocupantes respecto a la tramitación de mi expediente disciplinario: abiertamente la Administración educativa utiliza los acontecimientos del día 23 de enero con un fin diferente pero un objetivo transparente, sancionarme con la máxima dureza (hasta tres años de suspensión de empleo permite el reglamento disciplinario) ¡ Me hacen responsable de la situación inestable del Centro en los últimos diez años! Exigen mi silencio a cambio de una rebaja en la previsible sanción: me he encargado de comunicar públicamente y en todos los foros posibles que jamás renunciaré a mis derechos y, por tanto, que jamás mantendré silencio ante una situación tan escandalosa no sólo por mí mismo sino por el daño irreparable que se está causando a excelentes profesoras, al Centro en general y al conjunto de la comunidad educativa.

30 MARZO 2007

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