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 Los chicos del Portal C  11-15 a.

    

viernes, 27 de junio de 2008

El otro Síndrome de  Alienación Parental Educativa
¿Para cuándo un pacto social en educación?
* SAP, obstrucción del vínculo entre los hijos y uno de los 'padres'. Manipula a sus hijos con intención de predisponerlos contra el otro. Es una forma de maltrato que un 'progenitor' ejerce sobre sus hijos con la intención de alejarlos del otro, llevándolo a rechazarlo sin una justificación real. 

La Comunidad deMadrid cuenta con casi 10.000 objeciones a la asignatura, según Profesionales por la Ética
Llas plataformas de padres Alcalá han realizado otra entrega de nuevas objeciones. Ascendieron a 1.110 y han sido recogidas en poblaciones del Corredor del Henares, norte de Madrid capital y Sierra noroeste. Se suman a las 8.025 registradas hasta la fecha haciendo un total de 9.135 en la Comunidad de Madrid. EpC se implantará en Madrid en 2º y 4º de ESO, aunque en este último curso cambia su denominación por la de Educación Ético-Cívica. Educación  se comprometió a estimar 'positivamente' las objeciones de conciencia a EpC y señaló que daría 'instrucciones' a los colegios e institutos para que todos los objetores recibieran 'la adecuada atención educativa' durante el horario de las clases.

Extremadura es de las regiones que menos objeciones recoge, con un total de 163, según Profesionales por la Ética
VALENCIA
Educación anuncia sanciones y despidos a docentes que no impartan Ciudadanía en inglés               
Totalmente expeditiva fue la respuesta que dio Educación a la rebelión de algunos claustros docentes contra la orden de su departamento de impartir en inglés la asignatura obligatoria de Ciudadanía y sin necesidad de ir a sus clases.
El profesorado que se rebele contra el cumplimiento de la orden que regula la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), en los términos que establece la conselleria: en inglés y con la opción a aprobar con trabajos, podrá ser sancionado con una falta "muy grave" que conllevaría la suspensión de empleo y sueldo
- Los profesores mantienen su postura pero están preocupados por la amenaza del conseller.
Una plataforma recoge firmas contra Educación para la Ciudadanía en inglés
Más de 4.000 padres de la Comunitat han expresado ya su deseo de que sus hijos cursen la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en algunas de las lenguas oficiales, castellano y valenciano, en lugar del inglés, tal y como establece la orden de la Conselleria sobre la materia

El instituto Ballester Gozalvo anima a matricular a los alumnos en una Ciudadanía en valenciano o castellano
Los profesores impartirán la asignatura únicamente en la opción A (con 5 bloques de contenidos)

Más de 41.000 objeciones. a  tres meses del curso próximo


Portadas de manuales EpC ABC. 26 de junio de 2008 MADRID
Profesionales por la Etica anunció ayer que, a tres meses del inicio del próximo curso académico, en el que se impartirá de forma obligatoria Educación para la Ciudadanía (EpC) en todas las comunidades autónomas -hasta ahora sólo lo habían hecho siete de ellas-, ha registrado un total de 41.107 objeciones de conciencia, de las que 7. 133 son en Andalucía.
   Esta asociación denunció, además, que el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, trata a los padres objetores a la asignatura «como delincuentes, por negarse a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado».

Así, Madrid (10. 875 objeciones), Castilla La Mancha (8. 790) y Andalucía (7. 133) encabezan la lista de las regiones que más oposición muestran a la asignatura, seguidas de Murcia (3. 895), Comunidad Valenciana (3. 644) y Castilla y León (2. 803).
En este contexto, el presidente de profesionales por la Etica denunció que el Principado de Asturias, que se encuentra a mitad de tabla con 530 objeciones, y cuya Consejería de Educación ha rechazado la objeción mediante resoluciones administrativas, «no sólo ha suspendido a los alumnos objetores, sino que ha abierto expedientes por absentismo para amedrentar a los padres».

Situación jurídica de EpC

En cuanto a la situación jurídica actual de objeción a EpC, el presidente de Profesionales por la Etica, afirmó que «asta ahora hay tres sentencias (dos del TSJ de Andalucía y una del de Asturias) que «reconocen de forma explícita el derecho constitucional a objetar».
Por este motivo, aseguró que «hay base jurisdiccional suficiente para que las administraciones dejen de tratar a los padres como delincuentes».

«EpC está provocando una considerable fractura social y jurídica, al entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los padres», aseguró, el presidente de Profesionales por la Etica, Jaime Urcelay, quien reiteró la «necesidad» de que el Gobierno «elimine del currículo esta asignatura o la haga optativa».

En su opinión, el Ejecutivo «sigue falseando la realidad» de la nueva materia y «el derecho a los padres a objetar», alertando de que si el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales «mantienen la misma insensibilidad», el número de objeciones «se multiplicará».
En relación a las «críticas» del politólogo y jurista Gregorio Peces-Barba Martínez al movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía, manifestando la «inviabilidad» de las objeciones, Urcelay aseguró que Peces Barba «ya se ha equivocado varias veces, sobre todo, cuando dijo que no iba a haber ninguna sentencia a favor de la objeción». Asimismo, el presidente de Profesionales por la Etica calificó al pensador de «dogmático e intransigente», por «decir cuáles deben ser los valores morales de los ciudadanos». «Le pedimos una mayor sensibilidad hacia la libertad de los padres», sentenció.

El caso valenciano

Mientras tanto, la Generalitat Valenciana libra su batalla particular contra la asignatura que ha decretado que debe impartirse en inglés. En esta línea la Geralitad reaccionó ayer con autoridad al pulso lanzado por un instituto que anunció que no impartirá las clases de Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés, según regula la orden aprobada por la Consejería de Educación. Incumplir esta orden supondrá una falta «muy grave» que puede conllevar la suspensión de empleo y sueldo e incluso la separación del servicio, según anunció ayer el consejero, Alejandro Font de Mora, quien advirtió que «no le temblará el pulso» a la hora de aplicar la ley.El consejero señaló que al igual que el PP está en desacuerdo con esta asignatura pero el respeto a la legalidad les obliga a impartirla, los centros deberán cumplir la orden autonómica aunque no les guste, ya que se trata de un documento «absolutamente legal» y «vinculante». ABC

41.107 ojeciones a EpC en su primer año

MADRID 26 JUN 2008 (LaNacion.es)
Las objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía ascienden a 41.107, a un ritmo de casi cien diarias cuando el curso escolar está a punto de acabar, según datos presentados por Profesionales por la Etica. El mayor número corresponde a Madrid seguida de Castilla La Mancha y Andalucía.

La nueva asignatura introducida en la LOE se ha impartido en este curso en 3º de ESO de siete CCAA, pero en el curso que viene se hará extensiva a 2º y 3º de ESO (según la Comunidad Autónoma), a 4º de ESO (bajo la denominación Educación Etico-Cívica) y 1ºde Bachillerato (Filosofía y Ciudadanía).Según Profesionales por la Etica, la expansión territorial de la asignatura y su extensión a otros cursos “multiplicará las objeciones de conciencia de padres“, por lo que la asociación auguró un “otoño caliente” en el ámbito educativo.

Para Leonor Tamayo, portavoz de Profesionales por la Etica, el nivel de objeciones de conciencia supone que “los padres de toda España se han levantado, literalmente, para decirle al Gobierno que no van a permitirle seguir avanzando en su afán totalitario” y aseguró que han objetado “a pesar de las amenazas infundadas de la Ministra o de los consejeros de Educación, a pesar de los suspensos o de la actitud hostil de algunos centros escolares (públicos y concertados), a pesar de las promesas incumplidas o de la incoherencia de los políticos”.

Según esta asociación, en la actualidad son 92 entidades las que configuran el movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía en España, plataformas y asociaciones hacen llegar la información a los padres, facilitan la tramitación de la objeción y apoyan legal y moralmente a los objetores y a sus familias. LaNacion.es


La Junta abdaluza rectifica y ya no se suspenderá a los hijos de objetores a EpC amparados por el TSJA

A.F.C. 27 JUN 2008 SEVILLA  (ABC)
La Consejería de Educación ha rectificado su decisión de suspender a los alumnos que no han asistido a las clases de Educación para la Ciudadanía por ser sus padres objetores de conciencia y ha mandado una nueva orden a los centros escolares en la que sustituye la de darles una «evaluación negativa», como mandó hacer a principios de este mes de junio, por la de calificarlos como «no evaluado».
Esta decisión de la Junta ha sido calificada como de «muy positiva» tanto por el letrado Carlos Seco que ha protagonizado el conflicto jurídico entre los padres objetores y la administración educativa, como por el secretario general en Andalucía de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Rafael Camaño.

El cambio de actitud de la Junta ha sido drástico ya que mientras que en la orden enviada por la Viceconsejería a los centros el 4 de junio decía textualmente que «no se estiman exenciones o procesos distintos de evaluación para determinadas materias» y que «el alumnado cuyos padres han presentado objeción de conciencia y que no ha asistido a las sesiones de clase de la materia de Educación para la Ciudadanía durante el curso escolar tendrán una evaluación negativa de la misma, tal y como se procedería en cualquier otra materia en circunstancias similares».

Esa orden de la Junta provocó que las asociaciones de objetores a EpC y el letrado Carlos Seco recordaran a la Consejería que ya son varios los padres que están amparados por el TSJA que suspendió cautelarmente la obligación de los alumnos de acudir a clase, por lo que el suspenso que tenía previsto darles la Junta iba en contra de esas decisiones judiciales.

De hecho Rafael Camaño desde la CECE instó también a la Junta a cambiar de actitud ya que según ha explicado a ABC «era una barbaridad porque de alguna manera con esa orden se estaba instando a los centros a no acatar las ordenes judiciales».

En definitiva, Educación ha dado marcha atrás y ha enviado una nueva orden a los centros, con fecha de 23 de junio, en la que textualmente dice que «se ha detectado un error material» y ordena sustituir la orden anterior por esta otra en la que dice: «En lo que respecta a la materia Educación para la Ciudadanía, impartida en el curso 3º de la Educación Secundaria Obligatoria, del alumnado cuyos padres o tutores ha presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con autos o cualquier resolución judicial en los que el tribunal acuerda suspender cautelarmente el acto impugnado, que consiste en la solicitud presentada en la Consejería de Educación del reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia respecto a la aplicación de la citada asignatura, en estos casos, los centros docentes deben consignar el los correspondientes documentos de evaluación del alumnado la expresión «no evaluado» acompañada de una diligencia en la que conste que así resulta por aplicación del auto o resolución citada.

Esta orden sólo afecta sólo a los alumnos que ya han obtenido del TSJA la suspensión cautelar de la obligación de cursar EpC, pero no a los que aún esperan resolución. Sin embargo, el secretario general de CECE Andalucía informó ayer a ABC de que están negociando con la Junta que se aplique a todos los hijos de objetores, puesto que es de esperar que el TSJA dicte resoluciones similares para todos los que han recurrido.

A la izquierda la circular de pricipios de junio que ordenaba suspender a los hijos de objetores; a la derecha la que rectifica. ABC

Iglesias Riopedre: «Se ha hecho una manipulación política de Ciudadanía»

OVIEDO 82 JUN 2009 (LNE)
«Se ha hecho una manipulación política de la materia. Creo sinceramente que en una sociedad compleja y democrática el Estado tiene derecho y deber de educar en los principios de la democracia y los derechos humanos a todos los ciudadanos, independientemente de su religión o de que no tenga ninguna. En Asturias hemos sido muy prudentes, hemos asumido el currículum mínimo que había sido pactado con organizaciones católicas. Ciudadanía en Asturias es un tema resuelto porque el Tribunal Superior de Justicia. Asturias ha rechazado la posibilidad de objetar. Todo el mundo tiene que ir a clase. Los 16 que no van tendrán sanción en función de regímenes internos de cada centro y pierden derecho a la evaluación continua. Al final de curso tienen que hacer un examen y estoy esperando a ver los resultados». LNE

Tags: ciudadanía, objeción, objetores, EpC, ética, pacto, social

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