Educación CV renunciará al inglés obligatorio en Ciudadanía para evitar la huelga La amenaza de una
huelga general en todo el sistema educativo público no universitario,
el próximo miércoles 17, ha acabado por hacer mella en la Generalitat, en busca de un "acuerdo
consesuado" con todos los sectores de la enseñanza pública integrados en la Plataforma per l'Ensenyament Públic. La propuesta asume los puntos de la Plataforma y fija un calendario Los "13 puntos del Manifesto por la mejora de la
educación pública" han sido el motor de las movilizaciones
educativas
Contra Bolonia como los mayores El rechazo al plan universitario se extiende al Bachillerato Estudiantes se encierran dos noches, con permiso de sus padres, en un instituto barcelonés Un
total de 22 estudiantes de bachillerato del instituto de Alella
(Barcelona) pasaron dos noches, entre el martes y el jueves, en su aula
para mostrar su rechazo a una reforma educativa que les afectará
directamente cuando salgan del instituto. La huelga fue 'a la
japonesa': hubo clases de latín, arte, física y matemáticas. La
asamblea de estudiantes del centro decidió la semana pasada realizar la
protesta con la connivencia del centro → El Plan Bolonia A FONDO »Ver cobertura completa
El 82,4% de los alumnos matriculados este año en Selectividad aprobaron, casi un 2% más que en 2007 El
porcentaje de aprobados en la Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)
alcanzó este año el 82,4 por ciento, un 1,8 por ciento más respecto a
2007, según publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según los datos del INE, en cinco años, desde 2003, se han matriculado
22.223 alumnos menos de forma progresiva, una tendencia que sólo se vio
alterada en 2007, cuando se inscribieron 1.132 estudiantes más que el
año anterior. Las mujeres obtuvieron un porcentaje mayor de aprobados
que los hombres.
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TEXTO
Educación CV renunciará al inglés obligatorio en Ciudadanía para evitar la huelga
La propuesta asume los puntos de la Plataforma y fija un calendario
13 exigencias para mejorar la enseñanza pública
NEUS CABALLER - Valencia - 15/12/2008 (EL PAIS)
La amenaza de una
huelga general en todo el sistema educativo público no universitario,
el próximo miércoles 17, ha acabado por hacer mella en la Generalitat.
A 48 horas de que los colegios e institutos valencianos corran el
riesgo de "vaciarse" de alumnos y profesores, la Consejería de
Educación ha pisado por fin el acelerador en busca de un "acuerdo
consesuado" con todos los sectores de la enseñanza pública integrados
en la Plataforma per l'Ensenyament Públic. La Administración ha
elaborado una "propuesta de negociación, exhaustiva y con plazos
calendarizados" en la que asume discutir en diferentes meses "todas las
reivindicaciones" de la Plataforma para reformar la escuela pública,
que han sido el motor de las múltiples manifestaciones y encierros que
se han reproducido a lo largo del primer trimestre lectivo. Y, en
concreto, otorga una salida normativa al "tema estrella" de las
protestas: el empecinamiento del presidente Francisco Camps de
mantener, contra viento y marea, que las clases de Educación para la
Ciudadanía se dieran traducidas íntegramente al inglés, pese a las
serias limitaciones expresadas en julio por el Tribunal Superior de
Justicia en su auto de suspensión cautelar.
La solución
técnica que Educación ha ultimado este fin de semana para tratar de
salvar el "primer escollo" de la huelga pasa por renunciar de facto a
que el inglés sea obligatorio en las clases de Ciudadanía.
Es
decir, lo que los directores de los 363 institutos públicos han venido
diciendo desde que, en octubre, comprobaron el bajo nivel de
comprensión de inglés que tienen los alumnos de segundo curso de
Secundaria, donde se ha estrenado esta singular fórmula, y denunciaran
el déficit de especialistas de inglés en los centros. Una realidad que
la consejería constató en junio cuando sólo encontró "11 voluntarios",
con doble titulación de Filosofía o Ciencias Sociales e inglés, y 31
interinos para impartir la materia en la lengua de Shakespeare.
Según ha podido saber EL PAÍS,
la secretaria autonómica Concha Gómez y los técnicos de Educación han
ultimado "una circular" de tres páginas, donde de manera muy extensa y
puntual se otorga autonomía a cada centro para impartir Ciudadanía en
valenciano o en castellano, en función de las líneas autorizadas en el
centro.
Esta salida jurídica, redactada en forma de circular,
permite a la Administración salir del embrollo legal -además, del
conflicto educativo- creado por el sinfín de instrucciones emitidas al
respecto. Todas ellas "inaplicables" para los directores, y
difícilmente asumibles por la inspección eductiva, que es la que tiene
que velar por que se apliquen las leyes estatales. De hecho, el
"disparate" de la Ciudadanía en inglés de Camps ha transcendido hasta
el punto de que 400 inspectores de toda España advirtieron de que la
orden valenciana es una "arbitrariedad administrativa" y supone una
"instrumentalización" de esta materia de nuevo cuño introducida por la
Ley Orgánica de Educación (LOE), que el PP objeta, en su pulso con el
Gobierno.El pulso que ha mantenido la Generalitat valenciana con todos
los agentes educativos durante tres meses alcanzó su punto de no
retorno el 29 de noviembre pasado, con la gran manifestación que reunió
en Valencia a más de 44.000 padres, alumnos, profesores, directores,
inspectores y ciudadanos en contra de "política educativa de Camps".
Ese día se edificó el "puente" hacia lo que, de consumarse, será la
"primera huelga general del sistema educativo" el próximo miércoles.
La
única manera de desactivar las protesas (que han ocupado un trimestre
lectivo completo, y amenazan con extenderse al siguiente) pasa por que
la consejería asuma los "13 puntos del Manifesto por la mejora de la
educación pública", que han sido el motor de las movilizaciones
educativas, que tanto el presidente Camps como el consejero Alejandro
Font de Mora tienen en su mano justo desde hace un mes.
La
Plataforma, que ha convocado hoy una reunión de urgencia para analizar
la propuesta oficial, se ratificó ayer en que la única manera de
"aplazar la huelga" -que "no desconvocar"- pasa por "verificar que hay
un cambio real en la política educativa". Y el giro debe de ser tanto
"formal", para acabar con las actitudes autoritarias y excluyentes
empleadas por Font de Mora; como de "fondo". Es decir, que la
Administración debe demostrar que, más allá de pactar un "nuevo plan de
enseñanza multilingüe", es capaz de cumplir el calendario y los plazos
fijados en la propuesta formal que hoy presentará el consejero en
persona. Y que, según fuentes oficiales, lleva la rúbrica impresa del
propio Camps.
El calendario obliga, pues, a negociar en
diferentes niveles y mesas las 13 exigencias para mejorar la enseñanza
pública que van desde una red de plazas de infantil al incremento del
profesorado de inglés, pasando por la implantación de planes eficaces
contra el absentismo y el fracaso escolar.
PA
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