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PLAZA ANTE TODO
Una treintena de padres zaragozanos han acudido este año a detectives para desenmascarar a familias que han mentido al solicitar colegios
Los afectados critican las dificultades que se encuentran para demostrar los fraudes y exigen sanciones administrativas para los infractores
↓ Los juzgados se ponen de parte de los padres sin plaza escolar · Los abogados se acogen al derecho de la libre elección de centro, entre otras cuestiones
P. C., 5 OCT 2009 ZARAGOZA (HERALDO)
Vigilancia diaria a domicilios y trabajos, visitas sorpresa, grabaciones, contactos con amigos o compañeros de profesión. Todo esfuerzo es poco para descubrir a los tramposos. Al menos treinta familias de Zaragoza han acudido este año a detectives profesionales para desenmascarar a las familias que han mentido en sus datos personales para conseguir plaza en el colegio deseado. Las trabas para reunir de manera legal pruebas fehacientes de este fraude y la inhibición de la mayoría de los centros escolares ante las denuncias que se presentan obligan a muchas familias a contratar los servicios de profesionales para 'dar peso' a su reclamación. Pero este recurso tampoco asegura el éxito. Los padres afectados critican que la Administración no investiga a fondo los casos y que, cuando los detecta, no actúa con firmeza.
"Hace dos cursos me percarté de un fraude. Por mis propios medios accedí a los datos de los sospechosos y vi que no me equivocaba. Pero no podía aportar esa información a la DGA porque podían cuestionarme cómo la había recabado. Al final, me quedé sin plaza para mi hija y con una rabia que aún me dura", comenta Andrés, un padre zaragozano. "A los que mienten les sale barato porque no les castigan. A nosotros demostrar que han hecho trampas nos ha salido por más de 1.000 euros", añade Pedro -nombre ficticio- que junto a otros padres contrató en primavera un detective para comprobar que cinco familias habían mentido cuando pidieron una escuela concertada del centro de Zaragoza.
Pedro logró que la Administración admitiera la denuncia y finalmente se demostró que tenía razón. Su hija consiguió plaza escolar. Pero no todos corren la misma suerte. El detective de la empresa Factum, Francisco Javier Bellot, explica que desde el principio advierte a sus clientes de que aunque se consigan las pruebas suficientes (con fotos, vídeos, información oficial...), no siempre se resolverá el caso favorablemente. Es decir, puede que se demuestre que hay fraude, pero que finalmente esa plaza que le quitan al tramposo no se la adjudiquen al cliente, sino otra persona. "Eso sí, por experiencia sabemos que cuando se presenta a la Administración una denuncia con un informe de un detective suele prosperar", añade.
Bellot afirma que la mayoría de las familias que presentan documentación falsa para pedir plaza escolar responden a un perfil: clase media-alta, estudios superiores y, en bastantes ocasiones, ex alumnos del colegio para el que solicitan puesto. En las denuncias se detecta, además, que muchos de los casos se dan en centros concertados de la zona 5 de Zaragoza. "Hay una lista de habituales. Quizá es que allí la gente está más atenta a esto", comenta.
Este año, el departamento de Educación ha retirado el puesto escolar a 27 niños por fraude, confirmando así la mitad de las denuncias presentadas. A esos pequeños se les quita la plaza y se les busca otro colegio, pero no se sanciona administrativamente a sus padres. "Con lo cual, qué más da que mientan. No pierden nada y muchos, hacen prematrículas en los privados por si les cazan en los otros", comenta Pedro.
El Justicia de Aragón ya pidió a la Administración que impusiera sanciones más duras para disuadir del fraude, pero la DGA insiste en castigar solo retirando la plaza escolar. Fernando García Vicente solicitó, además, que se agilizaran los plazos: las denuncias no se resuelven hasta los últimos días de agosto o primeros de septiembre. "Nos avisaron pocos días antes de que empezara el curso. Esto no es serio. Tengo amigos que han desistido y han terminado por renunciar a su derecho a la plaza escolar que un tramposo les quitó", critica Pedro.
HERALDO
Algunos colegios solicitaron el aumento de la ratio para dar cabida a todos los niños
Virginia Agar, 12 OCT 2009- JEREZ (ANDALUCIAinfo)
La mayoría de padres jerezanos ya pueden respirar tranquilos tras haber recurrido a la vía judicial. Y es que, aunque el curso haya comenzado y sus hijos se quedaran sin plaza en el colegio deseado, los juzgados de Cádiz ya están otorgando -en la mayoría de casos- las medidas cautelares de admisión provisional del alumno en el colegio solicitado. De este modo lo explica el abogado especializado en temas educativos Manuel Luis Fernández, quien añade que “hay cuatro juzgados en Cádiz y tres de ellos suelen otorgar las medidas cautelares sin solicitarle opinión al colegio. El juzgado más reacio están siendo el número 3, que suele hacer recaer su decisión en lo que diga el centro educativo, que es el que finalmente dictamina si quiere o no aceptar al niño. Asimismo, también se están otorgando las medidas cautelares por reunificación de hermanos”.
Este hecho está provocando que colegios como La Salle-Buen Pastor -que incluso ha solicitado administrativamente el aumento de la ratio- se encuentren con más niños en clase, aunque este hecho es “algo excepcional”, fruto de los muchos niños que este año se quedaron sin plaza para Infantil de 3 años, según aclara el letrado.
Aún así, “la proporción está siendo normal o muy parecida a la del año pasado en otros centros como, por ejemplo, la Compañía de María, que no está teniendo tantas solicitudes de este tipo. En cambio, El Cuco sí está contando con más problemas derivados de las denuncias por fraude, pero tampoco tiene un número muy elevado de peticiones”. Por otro lado, “todos los padres que reclamaron en Los Marianistas entraron, por lo cual si alguno están pidiendo medidas cautelares es después de que Educación le retirase los puntos de la escolarización”. El jurista añade que incluso hay centros que, si el juzgado les consulta, se niegan a aumentar el número de alumnos por clase.
Actualmente, Manuel Luis Fernández trabaja en más de 30 casos de jerezanos que han solicitado medidas cautelares para que sus hijos puedan ser escolarizados en el centro deseado mientras que la sentencia no sea firme. Normalmente, a la hora de solicitar las medidas, este abogado alega la jurisprudencia de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), principalmente, el derecho de los padres a la libre elección de centros según sus convicciones religiosas, pero también hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta como el puesto en el que alumno se encuentre en la lista de no admitidos, si se ha denunciado fraude y a cuántas personas, o si los colegios son partidarios de aumentar la ratio.
La Consejería de Educación garantiza el derecho del alumnado de revisar las calificaciones finales en un proceso reglado vigente desde el año 1999. Esta norma, que garantiza la defensa de los alumnos, establece una doble instancia.
En el caso de los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, el procedimiento recoge la posibilidad de un primer escrito ante el centro donde está matriculado el estudiante, y que resuelve el Departamento de la materia reclamada. En segunda instancia, el alumno puede presentar su reclamación ante la Delegación de Educación provincial, quien previo informe de una Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones (integrada por un inspector de Educación y por profesores especialistas ajenos al centro) resolverá agotando la vía administrativa. Por su parte en Educación Infantil y Primaria se recoge un procedimiento similar, salvo que en primera instancia es el tutor quien resuelve y en segunda instancia es el director del centro donde se ha presentado la reclamación.
AI
Una treintena de padres zaragozanos han acudido este año a detectives para desenmascarar a familias que han mentido al solicitar colegios
Los afectados critican las dificultades que se encuentran para demostrar los fraudes y exigen sanciones administrativas para los infractores
↓ Los juzgados se ponen de parte de los padres sin plaza escolar · Los abogados se acogen al derecho de la libre elección de centro, entre otras cuestiones
P. C., 5 OCT 2009 ZARAGOZA (HERALDO)Vigilancia diaria a domicilios y trabajos, visitas sorpresa, grabaciones, contactos con amigos o compañeros de profesión. Todo esfuerzo es poco para descubrir a los tramposos. Al menos treinta familias de Zaragoza han acudido este año a detectives profesionales para desenmascarar a las familias que han mentido en sus datos personales para conseguir plaza en el colegio deseado. Las trabas para reunir de manera legal pruebas fehacientes de este fraude y la inhibición de la mayoría de los centros escolares ante las denuncias que se presentan obligan a muchas familias a contratar los servicios de profesionales para 'dar peso' a su reclamación. Pero este recurso tampoco asegura el éxito. Los padres afectados critican que la Administración no investiga a fondo los casos y que, cuando los detecta, no actúa con firmeza.
"Hace dos cursos me percarté de un fraude. Por mis propios medios accedí a los datos de los sospechosos y vi que no me equivocaba. Pero no podía aportar esa información a la DGA porque podían cuestionarme cómo la había recabado. Al final, me quedé sin plaza para mi hija y con una rabia que aún me dura", comenta Andrés, un padre zaragozano. "A los que mienten les sale barato porque no les castigan. A nosotros demostrar que han hecho trampas nos ha salido por más de 1.000 euros", añade Pedro -nombre ficticio- que junto a otros padres contrató en primavera un detective para comprobar que cinco familias habían mentido cuando pidieron una escuela concertada del centro de Zaragoza.
Pedro logró que la Administración admitiera la denuncia y finalmente se demostró que tenía razón. Su hija consiguió plaza escolar. Pero no todos corren la misma suerte. El detective de la empresa Factum, Francisco Javier Bellot, explica que desde el principio advierte a sus clientes de que aunque se consigan las pruebas suficientes (con fotos, vídeos, información oficial...), no siempre se resolverá el caso favorablemente. Es decir, puede que se demuestre que hay fraude, pero que finalmente esa plaza que le quitan al tramposo no se la adjudiquen al cliente, sino otra persona. "Eso sí, por experiencia sabemos que cuando se presenta a la Administración una denuncia con un informe de un detective suele prosperar", añade.
Bellot afirma que la mayoría de las familias que presentan documentación falsa para pedir plaza escolar responden a un perfil: clase media-alta, estudios superiores y, en bastantes ocasiones, ex alumnos del colegio para el que solicitan puesto. En las denuncias se detecta, además, que muchos de los casos se dan en centros concertados de la zona 5 de Zaragoza. "Hay una lista de habituales. Quizá es que allí la gente está más atenta a esto", comenta.
Este año, el departamento de Educación ha retirado el puesto escolar a 27 niños por fraude, confirmando así la mitad de las denuncias presentadas. A esos pequeños se les quita la plaza y se les busca otro colegio, pero no se sanciona administrativamente a sus padres. "Con lo cual, qué más da que mientan. No pierden nada y muchos, hacen prematrículas en los privados por si les cazan en los otros", comenta Pedro.
El Justicia de Aragón ya pidió a la Administración que impusiera sanciones más duras para disuadir del fraude, pero la DGA insiste en castigar solo retirando la plaza escolar. Fernando García Vicente solicitó, además, que se agilizaran los plazos: las denuncias no se resuelven hasta los últimos días de agosto o primeros de septiembre. "Nos avisaron pocos días antes de que empezara el curso. Esto no es serio. Tengo amigos que han desistido y han terminado por renunciar a su derecho a la plaza escolar que un tramposo les quitó", critica Pedro.
HERALDO
Los juzgados se ponen de parte de los padres sin plaza escolar
Los abogados se acogen al derecho de la libre elección de centro, entre otras cuestionesAlgunos colegios solicitaron el aumento de la ratio para dar cabida a todos los niños
Virginia Agar, 12 OCT 2009- JEREZ (ANDALUCIAinfo)
La mayoría de padres jerezanos ya pueden respirar tranquilos tras haber recurrido a la vía judicial. Y es que, aunque el curso haya comenzado y sus hijos se quedaran sin plaza en el colegio deseado, los juzgados de Cádiz ya están otorgando -en la mayoría de casos- las medidas cautelares de admisión provisional del alumno en el colegio solicitado. De este modo lo explica el abogado especializado en temas educativos Manuel Luis Fernández, quien añade que “hay cuatro juzgados en Cádiz y tres de ellos suelen otorgar las medidas cautelares sin solicitarle opinión al colegio. El juzgado más reacio están siendo el número 3, que suele hacer recaer su decisión en lo que diga el centro educativo, que es el que finalmente dictamina si quiere o no aceptar al niño. Asimismo, también se están otorgando las medidas cautelares por reunificación de hermanos”.
Este hecho está provocando que colegios como La Salle-Buen Pastor -que incluso ha solicitado administrativamente el aumento de la ratio- se encuentren con más niños en clase, aunque este hecho es “algo excepcional”, fruto de los muchos niños que este año se quedaron sin plaza para Infantil de 3 años, según aclara el letrado.
Aún así, “la proporción está siendo normal o muy parecida a la del año pasado en otros centros como, por ejemplo, la Compañía de María, que no está teniendo tantas solicitudes de este tipo. En cambio, El Cuco sí está contando con más problemas derivados de las denuncias por fraude, pero tampoco tiene un número muy elevado de peticiones”. Por otro lado, “todos los padres que reclamaron en Los Marianistas entraron, por lo cual si alguno están pidiendo medidas cautelares es después de que Educación le retirase los puntos de la escolarización”. El jurista añade que incluso hay centros que, si el juzgado les consulta, se niegan a aumentar el número de alumnos por clase.
Actualmente, Manuel Luis Fernández trabaja en más de 30 casos de jerezanos que han solicitado medidas cautelares para que sus hijos puedan ser escolarizados en el centro deseado mientras que la sentencia no sea firme. Normalmente, a la hora de solicitar las medidas, este abogado alega la jurisprudencia de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), principalmente, el derecho de los padres a la libre elección de centros según sus convicciones religiosas, pero también hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta como el puesto en el que alumno se encuentre en la lista de no admitidos, si se ha denunciado fraude y a cuántas personas, o si los colegios son partidarios de aumentar la ratio.
Las reclamaciones por notas finales son “anecdóticas”
La Consejería de Educación considera que “las reclamaciones por la revisión de las notas finales son anecdóticas en Andalucía, pero constituyen una garantía para los estudiantes. En concreto, el pasado curso se presentaron menos de 500 reclamaciones, un cifra insignificante tendiendo en cuenta los millones de exámenes que se desarrollan cada año en los centros educativos andaluces. Del total de las reclamaciones, fueron desestimadas un 90%”.La Consejería de Educación garantiza el derecho del alumnado de revisar las calificaciones finales en un proceso reglado vigente desde el año 1999. Esta norma, que garantiza la defensa de los alumnos, establece una doble instancia.
En el caso de los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, el procedimiento recoge la posibilidad de un primer escrito ante el centro donde está matriculado el estudiante, y que resuelve el Departamento de la materia reclamada. En segunda instancia, el alumno puede presentar su reclamación ante la Delegación de Educación provincial, quien previo informe de una Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones (integrada por un inspector de Educación y por profesores especialistas ajenos al centro) resolverá agotando la vía administrativa. Por su parte en Educación Infantil y Primaria se recoge un procedimiento similar, salvo que en primera instancia es el tutor quien resuelve y en segunda instancia es el director del centro donde se ha presentado la reclamación.
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Tags: admisión, plaza, solicitud, recurso, fraude, inscripción, baremo
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